
A menos de un mes de las elecciones generales y a 15 años de vigencia de la Ley Marco de Autonomías, uno de los principales desafíos para los futuros gobernantes es reconducir la agenda con miras al régimen autonómico del país y que se puedan consolidar los estatutos departamentales y cartas orgánicas municipales.
“El desafío, primero, que nada es aprobar el estatuto autonómico de La Paz, aunque políticamente pareciera que estamos lejos de este hecho, pero sería lo ideal, que las nuevas autoridades sugieran la aprobación del documento para que el departamento de La Paz tenga un mejor manejo de la economía”, afirmó el director del Servicio Departamental de Autonomías, Edwin Santos.

Otro desafío es aplicar un plan genérico de Estado acorde a la Ley Marco de Autonomías; ya que, en la actualidad, por ejemplo, los planes ministeriales no toman en cuenta las competencias de cada gobierno autónomo, dijo.
“Para que la Ley Marco de Autonomías cumpla su propósito es primordial que el departamento tenga su estatuto orgánico y los municipios su carta orgánica, e incluso ver si se puede mejorar el ejercicio de la autonomía”, enfatizó.
La Ley Marco de Autonomías entró en vigencia el 19 de julio de 2010 y en 15 años de vigencia se aplicó en la elaboración de las cartas orgánicas y estatutos autonómicos, también en la creación de autonomías indígenas, originarias y campesinas.

El 20 de septiembre de 2015 se llevó a cabo el referéndum para la aprobación de cinco estatutos autonómicos de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí; en tanto, los municipios que pusieron a consulta ciudadana sus cartas orgánicas fueron Cocapata y Tacopaya, de Cochabamba y Huanuni en Oruro.
De todos los mencionados, solo Cocapata aprobó su carta orgánica, en el resto se rechazó y desde esa fecha no hubo modificaciones o trabajo respectivo en la ley fundamental local. Sin embargo, la autonomía indígena Charagua Iyambae, de Santa Cruz, obtuvo su aprobación pero no así la de Totora Marka de Oruro.
Desde esa fecha no se cuenta con un avance significativo sobre modificaciones y correcciones de los textos. Edwin Santos dijo que entre los factores que impiden la consolidación de estatutos autonómicos están las económicas, sociales y hasta políticas, que influyó en la falta de coordinación del ámbito nacional, con el departamental y hasta municipal.

“No se ha logrado ni (hacer un nuevo) borrador de carta orgánica, porque es un recurso muy importante el que hay que invertir; para el caso del documento rechazado el 2015, solo para la construcción del borrador se gastó un monto, otro monto para el referéndum, es un gasto grande el que se hizo, considerando que el departamento contaba con mayores recursos como del Impuesto Directo a los Hidrocarburos”, mencionó.
Como factor social, Santos mencionó que faltó información sobre las competencias para ejercer la autonomía. Con el pasar de los años, “la efervescencia de autonomía”, se desvaneció, “ya no hubo la energía de la sociedad civil para impulsar el proceso autonómico a través de la aprobación del documento orgánico”, agregó el entrevistado.
Sobre la importancia de que el departamento de La Paz cuente con su estatuto autonómico, el funcionario departamental explicó que permitirá al departamento ejercer sus competencias, constitucionales, “nos daría potestad en ciertas áreas descuidadas como la seguridad alimentaria, por ejemplo”, añadió.
Dijo que en lugar de trabajar con un marco legal supletorio nacional, el departamento podría avanzar con su propia normativa. Además, “contar con nuestro estatuto autonómico nos daría un avance más específico por región dentro del departamento de La Paz, incluso para recaudar fondos”, enfatizó. La ley fundamental local que se puso en consulta en 2015 contaba con 107 artículos.











Presidente Paz señala que la educación no pertenece a ningún sindicato y exige priorizarla
UNESCO alerta sobre bajos aprendizajes escolares y el gobierno convoca a transformar la educación boliviana
Presidente del CM: está listo el informe sobre jueces cautelares de la lista de EE.UU. y exjueces que hoy son autoridades judiciales