“Respecto al proyecto de ley de funcionamiento del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia, queremos exhortar a la Comisión que corresponde, que acelere su tratamiento y que posteriormente tanto en diputados como senadores se apruebe este proyecto de ley y que el Presidente, una vez que se cumplan todas las formalidades, lo promulgue”, manifestó el Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Edmand Lara, respecto al avance del proyecto de ley de funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Supremo de Justicia, durante un reciente comunicado oficial.
El pronunciamiento se sustenta, según explicó, en la necesidad de transformar el actual funcionamiento de las máximas instancias judiciales del país, porque las mencionadas instancias judiciales no pueden seguir funcionando de la manera que lo hacen actualmente.
“También yo exhorto a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral que lleven adelante las elecciones judiciales con transparencia, sin imposiciones, demostrando al país certeza”, indicó el mandatario respecto a la elección de autoridades para complementar los miembros de las instituciones judiciales donde existen acefalias.
Finalmente, Lara reafirmó el compromiso institucional de la Vicepresidencia con la legalidad y la lucha contra prácticas irregulares. “En ese sentido la Vicepresidencia compromete un trabajo siempre firme, duro contra la corrupción y bien comprometido con la patria y siempre respetando la Constitución Política del Estado”, concluyó.
La falta de renovación oportuna de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia y en el Tribunal Constitucional Plurinacional derivó en la permanencia de autoridades con mandatos prorrogados y en una conformación incompleta de sus salas. Esta situación ha debilitado la toma de decisiones colegiadas, ha generado retrasos en la resolución de causas y ha afectado el ejercicio pleno de las competencias constitucionales y jurisdiccionales, configurando un escenario de incertidumbre institucional que demanda una respuesta urgente desde el ámbito legislativo y electoral para restablecer la normalidad del sistema de justicia.
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