El Gobierno de Bolivia denunció este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) una serie de hechos que amenazan gravemente el orden democrático, la institucionalidad y los derechos fundamentales de la población boliviana.
Durante una reunión de emergencia convocada para analizar la “situación política interna” del país, el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, alertó sobre acciones promovidas por grupos organizados que buscan desestabilizar al gobierno constitucional del presidente Rodrigo Paz y alterar el orden democrático.
“El Estado Plurinacional de Bolivia desea alertar con profunda preocupación sobre una serie de hechos que amenazan gravemente el orden democrático, la institucionalidad y los derechos fundamentales de nuestro pueblo”, declaró el canciller ante los Estados miembros de la OEA.
Aramayo sostuvo que en las últimas semanas se suscitaron ataques a instituciones públicas, amenazas contra servidores estatales, interrupción de rutas estratégicas y afectaciones al abastecimiento de alimentos, medicamentos e insumos esenciales, además de severos impactos económicos y sociales.
La autoridad también expresó preocupación por presuntos vínculos entre algunos actores y estructuras que operan al margen de la legalidad.
“Existen preocupantes indicios sobre la articulación de ciertos actores con estructuras que operan al margen de la legalidad y que pretenden instrumentalizar el conflicto social mediante mecanismos de presión incompatibles con los principios democráticos y el estado de derecho”, afirmó.
El canciller remarcó que el Gobierno reconoce plenamente el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión, pero advirtió que ninguna demanda política puede justificar hechos de violencia, intimidación o coerción colectiva.
“Ninguna reivindicación política o sectorial puede justificar el uso de la violencia, la intimidación, la coerción colectiva ni la vulneración deliberada de los derechos fundamentales de la población”, enfatizó.
Aramayo aseguró además que la administración del presidente Paz mantuvo abiertos todos los canales de diálogo y actuó con “prudencia, contención y apego al Estado de Derecho” para alcanzar soluciones pacíficas y constitucionales.
Sin embargo, manifestó preocupación porque sectores políticos cuestionan la legitimidad de la justicia constitucional y desconocen decisiones emitidas por autoridades jurisdiccionales legalmente constituidas.
Ante ese escenario, solicitó formalmente el respaldo de la OEA y de los países miembros para preservar el orden democrático y constitucional, condenar la violencia política y respaldar los esfuerzos del Gobierno orientados a la pacificación y al diálogo.
El Ejecutivo también pidió al secretario general de la OEA acompañamiento político y seguimiento a la situación boliviana para fortalecer el diálogo democrático, la institucionalidad y la paz social.
Por otra parte, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Paz Ide, agradeció las expresiones de apoyo y solidaridad recibidas por parte de varios Estados miembros.
“Valoramos de manera especial las muestras de solidaridad y el apoyo humanitario brindado particularmente por las distinguidas delegaciones de Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Estados Unidos”, señaló.
La autoridad afirmó que ese respaldo constituye una muestra de compromiso hemisférico con la democracia, la institucionalidad y el orden constitucional en Bolivia.
Reafirmó ante la OEA el compromiso del Estado Plurinacional con la Carta Democrática Interamericana, el Estado de Derecho, el multilateralismo, el diálogo y la paz como únicas vías legítimas para la convivencia democrática.
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