El Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira avanza en el proceso de evaluación y reordenamiento de las empresas públicas con el objetivo de mejorar las finanzas del Estado y corregir la situación de aquellas entidades que presentan resultados deficitarios. Como parte de este proceso, se prevé iniciar en el corto plazo el cierre de entre 8 y 10 empresas que, tras ser evaluadas, “no tienen una razón de ser”.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, explicó que la decisión forma parte de una revisión individual de las empresas estatales, considerando su situación financiera, operativa y las obligaciones que cada una mantiene. “Vamos a iniciar con el cierre de estas empresas que hemos visto que no tienen una razón de ser”, señaló, al remarcar la necesidad de avanzar hacia una administración más eficiente de los recursos públicos.
La evaluación realizada por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) alcanzó a 67 instituciones estatales, de las cuales 20 fueron identificadas en situación crítica. De este universo, 15 empresas se encuentran en quiebra técnica y acumulan pérdidas por Bs 2.655 millones, además de un patrimonio negativo de Bs 1.900 millones. Entre los casos observados se encuentra Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), que habría recibido alrededor de $us 890 millones y actualmente operaría al 17% de su capacidad.
Morales sostuvo además que entre las entidades identificadas existen empresas creadas “con afanes políticos” durante anteriores gestiones o con el propósito de generar empleos vinculados a bases políticas. Frente a esta situación, remarcó la necesidad de cambiar esa lógica y manifestó que “tenemos que ser mucho más eficientes con nuestros propios recursos”.
El diagnóstico también evidencia que la situación de las empresas públicas no es uniforme, ya que cada entidad presenta condiciones particulares relacionadas con sus activos, pasivos y obligaciones financieras, incluidos préstamos otorgados por el Banco Central de Bolivia, en algunos casos con el Tesoro General de la Nación como garante. Por ello, explicó, el cierre no será un proceso uniforme, sino que requerirá soluciones específicas para cada caso.
“Tenemos que ver la mejor forma de solucionar estos aspectos, porque al final de cuentas son recursos públicos, son recursos de todos los bolivianos”, afirmó Morales, reafirmando que se avanza en el reordenamiento de las empresas públicas a partir de su situación financiera y operativa, con el propósito de mejorar su eficiencia y garantizar un manejo responsable de los recursos del Estado.
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