Gobierno toma con “seriedad” restricciones de visa de EE.UU. a ciudadanos bolivianos y exige pruebas

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira afirmó la noche de este lunes que toma con seriedad las restricciones de visa de Estados Unidos (EE.UU.) contra el fiscal general, Róger Mariaca, entre otras autoridades bolivianas, y anunció que solicitará pruebas de las acusaciones de la administración estadounidense para luego iniciar una investigación.

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, junto a los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano, y de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, se pronunció oficialmente respecto a la reciente publicación del Departamento de Estado de los EE.UU. La medida afecta no solo a Mariaca, sino también a Alberto Zeballos Flores, fiscal de Santa Cruz, y al exministro Iván Lima. En total, son 13 personas identificadas con nombre y apellido.

Seriedad

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que son respetuosos de las determinaciones soberanas de las naciones: “La política norteamericana en esto es muy seria y se han emitido estas revocatorias de visa. Deben ser porque tienen pruebas, como dijo hace un momento el ministro de Defensa. Vamos a pedir información complementaria sobre este tema e iniciaremos las investigaciones en los diferentes órganos del Estado”.

“Las declaraciones y señalamientos de Estados Unidos son bastante graves y el Gobierno los toma con absoluta seriedad”, afirmó a su turno el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano. La autoridad hizo notar que se pedirá, mediante los canales diplomáticos, “información complementaria” además de los “elementos probatorios” para ser valorados y, posteriormente, realizar una investigación interna en el país.

Soberanía y examen institucional

Por su lado, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, señaló que el Poder Ejecutivo es absolutamente respetuoso de las políticas migratorias y las normativas soberanas de otros países, como es el caso de EE.UU. No obstante, enfatizó que este escenario representa un desafío directo para las leyes locales.

“Esta situación es un examen para nuestra institucionalidad democrática, para una actuación independiente y proba que, naturalmente, esté basada en evidencia, pero que dé cuenta de un aspecto que es fundamental: que los bolivianos podemos confiar en nuestra institucionalidad», expresó el ministro.

Asimismo, la autoridad aseguró que el Órgano Ejecutivo brindará “toda la colaboración que corresponda” para que se lleven a cabo las investigaciones necesarias, garantizando el respeto a la independencia de los poderes públicos en el país.

Alianzas y defensa democrática

En su declaración, Aramayo recordó que las acciones del Gobierno han permitido dar golpes importantes al crimen organizado, citando de manera expresa el arresto del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y de diversos líderes de cárteles internacionales de la droga.

El ministro también hizo referencia a los 53 días de ataques permanentes que sufrió la democracia boliviana, asegurando que se identificaron acciones directamente financiadas por el narcotráfico para desestabilizar al país.

Estos antecedentes fueron presentados formalmente ante foros internacionales como la 81.ª Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Aramayo destacó que una misión de alto nivel de la OEA respaldó al Gobierno boliviano mediante una resolución que recomienda dar continuidad a las políticas de defensa del Estado frente al crimen organizado.

Finalmente, reafirmó la vigencia de su alianza con EE.UU. y el resto de las naciones que integran el denominado “Escudo de las Américas”, confirmando que las operaciones conjuntas y permanentes contra el narcoterrorismo seguirán ejecutándose de manera firme y bajo el amparo del ordenamiento jurídico nacional.