
El Presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Carlos Spencer Arancibia, informó sobre los antecedentes disciplinarios de la jueza Livia Alarcón, quien cuenta con una determinación de destitución emitida dentro de un proceso disciplinario y cuyo cumplimiento permanece pendiente debido a decisiones asumidas en la jurisdicción constitucional.
El Presidente explicó que la autoridad judicial fue destituida en primera instancia por un Tribunal Disciplinario conformado en el departamento de Oruro, decisión que posteriormente fue ratificada en segunda instancia por el Consejo de la Magistratura durante la gestión 2025.
Sin embargo, el Presidente señaló que la ejecución de dicha destitución fue dejada sin efecto temporalmente a partir de una medida cautelar dispuesta por autoridades de la jurisdicción constitucional, situación que, según manifestó, impidió materializar la sanción disciplinaria determinada por el Consejo de la Magistratura.

En ese contexto, el Presidente del CM cuestionó directamente la intervención de las Salas Constitucionales y del Tribunal Constitucional Plurinacional en procesos disciplinarios contra administradores de justicia. Según afirmó, las decisiones constitucionales adoptadas en varios procesos impulsados por el Consejo de la Magistratura han permitido que jueces sancionados continúen ejerciendo funciones pese a existir determinaciones disciplinarias en su contra.
En enero de esta gestión, la autoridad ya había denunciado públicamente que al menos ocho destituciones se encontraban frenadas por resoluciones de Salas Constitucionales y otras medidas tutelares.
“Nosotros hacemos los procesos, realizamos el levantamiento técnico, sancionamos; pero después acuden a las Salas Constitucionales y al Tribunal Constitucional y terminan favorecidos con resoluciones que dejan sin efecto o paralizan las sanciones. Eso impide que podamos ejecutar las destituciones”, sostuvo el Presidente del Consejo de la Magistratura.
Ante esta situación, el Dr. Carlos Spencer Arancibia presentó un memorial ante el Tribunal Constitucional Plurinacional solicitando que el caso de la jueza Livia Alarcón sea resuelto a la brevedad posible, de modo que exista una decisión definitiva sobre la situación jurídica de la sanción disciplinaria.

La autoridad extendió su pedido al conjunto de procesos de jueces sancionados por el Consejo de la Magistratura que permanecen pendientes ante Salas Constitucionales o en revisión ante el TCP, solicitando celeridad para evitar que las causas permanezcan indefinidamente sin una determinación definitiva.
Asimismo, el Presidente informó que existe otro proceso disciplinario contra la jueza Alarcón, cuyo trámite fue alcanzado por un amparo constitucional presentado en Sucre que dispuso la emisión de una nueva resolución. El Presidente manifestó su preocupación por que la prolongación de estos procedimientos pueda generar riesgos de prescripción, por lo que pidió que las decisiones pendientes sean pronunciadas oportunamente.
Finalmente, el Dr. Carlos Spencer Arancibia reiteró que el Consejo de la Magistratura continuará procesando y sancionando, dentro de sus competencias y con respeto al debido proceso, a los administradores de justicia que incurran en faltas disciplinarias, pero pidió a las Salas Constitucionales y al Tribunal Constitucional Plurinacional que las acciones tutelares relacionadas con jueces sancionados sean resueltas con celeridad, evitando que las determinaciones disciplinarias permanezcan indefinidamente sin ejecución.











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