* El proyecto modifica el artículo 25 de la Ley N.º 260 y establece que la ALP podrá disponer la suspensión definitiva por dos tercios de los votos de los asambleístas presentes y designar, en la misma sesión, a un Fiscal General interino.
La Cámara de Senadores aprobó este viernes, en grande y en detalle, el proyecto de ley que modifica el artículo 25 de la Ley N.º 260, Ley Orgánica del Ministerio Público, y dispuso su remisión a la Cámara de Diputados para la continuidad del tratamiento legislativo.
La iniciativa incorpora un nuevo parágrafo al artículo 25 y establece un mecanismo específico para la suspensión definitiva del Fiscal General del Estado. Según el texto aprobado, cuando la máxima autoridad del Ministerio Público se encuentre “imputada formalmente y/o sujeta a una medida cautelar personal por delitos penales”, la Asamblea Legislativa Plurinacional podrá disponer su suspensión definitiva mediante dos tercios de los votos de las y los asambleístas presentes en sesión ordinaria.
El proyecto establece además que, en la misma sesión en la que se adopte la suspensión definitiva, la ALP podrá designar a un Fiscal General interino, quien ejercerá el cargo hasta que la Asamblea designe al titular conforme al artículo 227 de la Constitución Política del Estado. La autoridad interina deberá cumplir los requisitos establecidos por la Constitución y la normativa vigente.
Entre sus atribuciones, la propuesta señala que el Fiscal General interino tendrá como misión prioritaria “desmantelar toda estructura criminal que esté vinculada a las causas de suspensión definitiva”, con facultades para reasignar temporalmente responsabilidades, conformar equipos de investigación especializados, solicitar cooperación internacional y presentar requerimientos ante la autoridad jurisdiccional competente.
El proyecto también establece límites expresos al ejercicio de estas atribuciones: “La facultad del Fiscal General interino se ejercerá con sujeción al principio de legalidad, al respeto del debido proceso y a la separación de funciones”, y toda medida que implique intervención judicial o restricción de derechos deberá someterse al control de la autoridad jurisdiccional correspondiente.
Con la aprobación en ambas estaciones, el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, declaró sancionado el trámite en el Senado y anunció la remisión del proyecto a la Cámara de Diputados para su consideración.
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