Defensoría del Pueblo monitorea conflicto del magisterio y exhorta a garantizar el derecho a la educación y priorizar el diálogo

En el marco de sus atribuciones constitucionales de promoción, defensa y protección de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo intensificó el monitoreo y seguimiento a la conflictividad protagonizada por el Magisterio Urbano y representantes de institutos técnicos y tecnológicos, en rechazo a la propuesta gubernamental de descentralización de estos institutos.

De acuerdo con el reporte del Sistema Inteligente de Monitoreo, Análisis y Alerta Temprana (SIMAT), hasta las 14:30 de esta jornada se verificaron 14 piquetes de huelga de hambre instalados en los nueve departamentos del país, con la participación de 80 personas (41 varones y 39 mujeres), entre ellas una persona adulta mayor y otra con discapacidad. Pando registra la mayor cantidad de participantes, con 13 personas, seguido de Cochabamba y Tarija, con 12 cada uno.

“Estamos realizando el monitoreo a nivel nacional y recordamos que el derecho a la protesta pacífica constituye una garantía fundamental en un Estado democrático. Sin embargo, su ejercicio debe respetar los derechos de las demás personas, particularmente de niñas, niños y adolescentes, quienes tienen derecho a la educación”, señaló César Rojas, jefe de la Unidad de Conflictos y Cultura de paz de la Defensoría del Pueblo.

En ese contexto, la institución también realiza verificaciones y monitoreo en unidades educativas para constatar la continuidad de las actividades escolares y precautelar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, efectúa el seguimiento a las condiciones de salud e integridad de las personas que participan en los piquetes de huelga de hambre.

Rojas exhortó a las autoridades del Gobierno nacional y a los representantes del Magisterio Urbano y de los institutos técnicos y tecnológicos a priorizar el diálogo y generar espacios de acercamiento que permitan atender las demandas planteadas.

“Es fundamental que las partes encuentren en el diálogo una vía para construir soluciones pacíficas, evitar la escalada del conflicto y prevenir posibles afectaciones a los derechos humanos. Desde la Defensoría del Pueblo, en el marco de nuestras competencias, estamos dispuestos a facilitar espacios de diálogo y acercamiento entre los actores involucrados”, manifestó Rojas.

La Defensoría del Pueblo continuará con el monitoreo y seguimiento de esta situación a nivel nacional, velando por el respeto al derecho a la protesta pacífica, la salud e integridad de las personas movilizadas y el derecho a la educación de la población estudiantil.