Estudio99

Noticias de Bolivia

Gobierno amplió beneficios sociales, conectó escuelas rurales y simplificó trámites para facilitar la vida de las familias

La protección de los ingresos familiares, el acceso a la educación, la modernización de los servicios públicos y la reducción de las barreras burocráticas formaron parte de las medidas impulsadas por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira en su primer año de gestión, con el objetivo de acercar el Estado a las necesidades cotidianas de la población.

En materia de protección económica, el salario mínimo nacional se incrementó de Bs 2.750 a Bs 3.300, mientras que la Renta Dignidad pasó de Bs 350 a Bs 500 y el Bono Juancito Pinto aumentó de Bs 200 a Bs 300, en beneficio de más de 2,2 millones de estudiantes, que incorporó mecanismos digitales que permiten facilitar el cobro a través del celular. A estas medidas se sumó el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), que destinó Bs 1.200 millones para atender a más de dos millones de personas, además de una segunda fase de protección dirigida a sectores vulnerables.

La inversión social también contempló la creación de 2.300 ítems para el sector salud y 4.000 para educación, con el propósito de fortalecer los servicios públicos y mejorar las condiciones de atención y aprendizaje. Asimismo, se impulsaron acciones para ampliar el acceso a la vivienda mediante la titulación de más de 30.000 hogares y facilitar el traslado de pacientes con cáncer a través de pasajes aéreos solidarios.

En educación, el programa Aula Conectada avanzó con la gestión de más de 4.500 antenas de internet satelital Starlink, que contemplan 24 meses de servicio gratuito para unidades educativas fiscales. La firma de convenios con 85 municipios de La Paz marcó una primera etapa de implementación, orientada especialmente a las comunidades rurales que enfrentan mayores dificultades de conectividad. El programa también contempla capacitación docente para incorporar herramientas digitales al proceso de enseñanza y aprendizaje.

La modernización de los servicios públicos avanzó con el programa “Tranca Cero”, que eliminó la exigencia de fotocopias de cédula de identidad y certificado de nacimiento en los trámites del Órgano Ejecutivo, con las excepciones previstas por la normativa. A través de la plataforma Reporta Tu Tranca, la ciudadanía puede informar sobre requisitos innecesarios y dificultades en las instituciones públicas. También se incorporaron acciones para facilitar la digitalización gratuita del título de bachiller y agilizar la emisión de documentos de identidad.

En infraestructura y servicios básicos, el presidente Paz promulgó la ley que autoriza un crédito de $us 30,2 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para reemplazar 70.000 luminarias convencionales por tecnología LED en seis departamentos y El Alto, que beneficiará a cerca de un millón de habitantes y permitirá reducir hasta en un 70% el consumo eléctrico asociado al alumbrado público, generando ahorros que los municipios podrán destinar a otras necesidades de sus comunidades.

Las medidas sociales, educativas, tecnológicas y de simplificación administrativa respondieron a una misma orientación: facilitar el acceso de las personas a los beneficios del Estado, mejorar los servicios públicos y generar mejores condiciones para que las familias puedan estudiar, trabajar, trasladarse y desarrollar sus actividades cotidianas.