Durante el primer año del Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira puso en marcha un conjunto de medidas de emergencia económica y social para enfrentar los desequilibrios heredados, recuperar la capacidad productiva del país y generar condiciones para que las familias bolivianas y los sectores económicos puedan desarrollar sus actividades. La declaratoria de emergencia del 17 de diciembre de 2025 marcó el inicio de este proceso de reorganización del Estado.
Entre las primeras decisiones estuvieron la eliminación de 161 decretos que autorizaban compras directas, la supresión del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), la liberación de 2,7 millones de tarjetas y la reducción del gabinete ministerial de 21 a 12 carteras. Estas acciones fueron acompañadas por medidas de austeridad y reorganización administrativa orientadas a optimizar los recursos públicos.
En el ámbito económico, se reportó una reducción del riesgo país de 2.200 a 421 puntos y un incremento de las reservas internacionales de $us 3.167 millones a $us 4.399 millones. Asimismo, concretó un acuerdo de financiamiento de aproximadamente $us 1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional, como parte de las gestiones para fortalecer la estabilidad financiera.
Mediante la autorización para importar crudo y elevar gradualmente el procesamiento en las refinerías nacionales, se planteó aprovechar la capacidad instalada de YPFB para incrementar la producción de combustibles y reducir la dependencia de la importación de productos terminados. El procesamiento, que registró un promedio de 24.067 barriles diarios entre enero y julio de 2026, tiene una capacidad de diseño conjunta de 63.750 barriles diarios.
La generación de empleo y la recuperación de la infraestructura urbana y rural formaron parte de esta agenda. El Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo, en su segunda fase BOL-38, fue lanzado con una inversión de $us 92,7 millones para financiar obras de enlosetado en municipios del país, con la proyección de generar 18.000 empleos directos y 55.000 indirectos, priorizando oportunidades para mujeres y jóvenes.
La agenda productiva también incorporó la declaratoria de interés estratégico del HUB de Viru Viru, con la perspectiva de fortalecer la conectividad aérea, el comercio y los servicios logísticos. Las medidas económicas y productivas se articularon bajo una premisa: recuperar la capacidad del país para producir, generar trabajo y ampliar las oportunidades de las familias bolivianas.
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