Los alcaldes de las nueve capitales departamentales del país se reunieron en La Paz, en un encuentro de emergencia convocado por la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), para analizar la situación económica de los gobiernos autónomos municipales y consensuar una agenda conjunta de demandas al Gobierno central.
Entre los principales planteamientos se encuentra una nueva distribución de los recursos económicos bajo el esquema 50-50, mediante una aplicación gradual hasta consolidar este modelo en 2030, además de una mayor participación de los municipios en las decisiones sobre coparticipación tributaria y la construcción de un nuevo pacto fiscal.
El alcalde de La Paz, César Dockweiler, explicó que la propuesta municipal busca que los gobiernos locales tengan una participación protagónica en las mesas de diálogo y negociación, junto con las gobernaciones y universidades. De igual manera expuso en el encuentro la propuesta de La Paz para un tratamiento equilibrado del 50-50.
“Nuestra propuesta sugiere que lleguemos al año 2030 en cuatro etapas a que los gobiernos municipales reciban de ese 50%, 36%, que los gobiernos departamentales tengan el 6.7% y que las universidades lleguen a alcanzar un 7.3%, lo cual sería una distribución del 50% que da el otro 50% en manos del gobierno nacional o gobierno central”, sostuvo en conferencia de prensa el alcalde de La Paz.
Dockweiler también planteó que la redistribución de recursos debe construirse de manera participativa y democrática, con el objetivo de acercar los recursos económicos a los ciudadanos y fortalecer la capacidad de respuesta de los municipios.
Incremento del diésel pone en riesgo obras y servicios municipales
Otro de los puntos centrales del encuentro fue el impacto del incremento del precio del diésel en la ejecución de obras y el funcionamiento de los servicios municipales.
Dockweiler advirtió que el aumento del combustible de Bs 9 a Bs 18 genera mayores costos para las empresas contratistas y las administraciones municipales, situación que pone en riesgo la continuidad de proyectos de infraestructura, el recojo de residuos sólidos, el aseo urbano y otros servicios que requieren maquinaria.
Ante este escenario, los alcaldes solicitaron al Gobierno nacional medidas de alivio financiero, reajustes y mecanismos que permitan garantizar los recursos necesarios para sostener las actividades planificadas hasta finalizar la gestión.
Exigen decreto de actualización de precios hasta el 13 de noviembre
Por su parte, la alcaldesa de Sucre y vicepresidenta de la AMB, Fátima Tardío, informó que los gobiernos municipales consideran prioritario contar con un Decreto Supremo de actualización de precios que permita garantizar la continuidad y conclusión de las obras públicas.
Los alcaldes establecieron como plazo el viernes 13 de noviembre para la emisión de esta normativa, que consideran fundamental frente al incremento de los costos de ejecución de proyectos y prestación de servicios.
Asimismo, plantearon un programa de readecuación financiera que permita revisar las condiciones de préstamos y deudas municipales, además de medidas de compensación para atender las necesidades de operatividad de los gobiernos locales.
Salud, régimen laboral y fortalecimiento municipal
Durante la reunión también se abordó la necesidad de garantizar mayores recursos para el funcionamiento de los servicios de salud, incluyendo insumos, mantenimiento y condiciones adecuadas de atención para la población.
Otro de los temas fue iniciar un análisis jurídico, constitucional, técnico y financiero del régimen laboral municipal, con acciones relacionadas con la Ley 321.
Entre otras demandas, se mencionaron el retorno de la inspección técnica vehicular, la simplificación administrativa y el fortalecimiento de los mecanismos de recaudación propia para reducir la dependencia de las transferencias del Gobierno central.
Una propuesta conjunta ante el Gobierno nacional
Como resultado del encuentro, los alcaldes acordaron avanzar en la elaboración de un documento único que consolide la posición de los gobiernos municipales sobre la redistribución de recursos, la coparticipación tributaria y las medidas urgentes para enfrentar la situación financiera.
Dockweiler aclaró que la unidad de los alcaldes de las capitales no busca excluir a otros sectores ni a los demás municipios del país, sino ampliar la participación en un debate que considera fundamental para el futuro económico de Bolivia.
El encuentro busca establecer una agenda común del municipalismo boliviano y abrir un espacio de diálogo con el presidente Rodrigo Paz, para plantear soluciones que permitan garantizar la ejecución de obras, la continuidad de los servicios públicos y una distribución más equitativa de los recursos económicos.
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