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Alcaldes de los 87 municipios de La Paz se reúnen para debatir la redistribución de recursos y avanzar hacia el 50-50

* El encuentro reúne a autoridades municipales del departamento junto al alcalde de La Paz, César Dockweiler, para analizar una propuesta de nuevo pacto fiscal que plantea incrementar progresivamente los recursos para los municipios hasta 2030. El planteamiento contempla ocho decisiones dirigidas al Gobierno nacional, una distribución inicial del 36% para los gobiernos municipales y mecanismos de equidad, transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

Alcaldes y representantes de los 87 municipios del departamento de La Paz participan en un encuentro convocado para analizar la redistribución de los recursos públicos, la descentralización financiera y la construcción de una propuesta de nuevo pacto fiscal que permita fortalecer las capacidades económicas de los gobiernos municipales.

Durante el encuentro, el alcalde de La Paz, César Dockweiler, presentó una propuesta municipal que plantea avanzar progresivamente hacia una distribución 50-50 de los recursos hasta el año 2030, con el propósito de fortalecer a los gobiernos subnacionales y garantizar mayores posibilidades de inversión y atención de las necesidades de la población.

La autoridad explicó que el planteamiento busca abrir un espacio de diálogo con el Gobierno nacional para revisar el actual esquema de distribución de recursos y establecer nuevas condiciones de financiamiento para los municipios, considerando las responsabilidades y competencias que deben cumplir frente a la ciudadanía.

“Más recursos deben significar mejores resultados”, sostuvo Dockweiler, al señalar que el incremento de los recursos públicos debe estar acompañado de transparencia, eficiencia, coordinación y responsabilidad en la gestión.

Una propuesta de redistribución con base técnica y financiera

Uno de los principales componentes de la propuesta establece una arquitectura inicial de distribución que contempla un 36% para los gobiernos municipales, un 6,7% para los gobiernos departamentales y un 7,3% para las universidades, alcanzando en conjunto el 50% de los recursos destinados a los niveles subnacionales y al sistema universitario.

Dockweiler aclaró que estos porcentajes constituyen una base de referencia para iniciar la negociación y no una propuesta definitiva o inamovible. Explicó que existe apertura para el diálogo y la construcción de alternativas que permitan alcanzar acuerdos entre los diferentes niveles del Estado.

Asimismo, remarcó que el 36% planteado para los municipios tiene sustento técnico, financiero y económico, respaldado por una matriz y un modelo que justifican las necesidades de financiamiento municipal.

En ese sentido, señaló que los gobiernos municipales tienen 43 competencias que requieren recursos económicos para su cumplimiento y que, por su cercanía con la población, son las primeras instituciones llamadas a responder a los problemas cotidianos de la ciudadanía.

La meta es avanzar hacia una convergencia 50-50 hasta 2030, mediante una transición gradual que permita modificar la distribución de los recursos sin provocar desequilibrios financieros ni cambios traumáticos para las instituciones públicas.

Las ocho decisiones propuestas al Gobierno nacional

El planteamiento municipal contempla ocho decisiones que, según explicó el alcalde paceño, deben constituir la base para construir un nuevo pacto fiscal en Bolivia:

1. Apertura de una mesa nacional del pacto fiscal. Se propone que el Gobierno nacional convoque a un espacio de negociación donde los municipios tengan participación protagónica, con voz y voto, para presentar sus necesidades y participar en las decisiones sobre la distribución de los recursos.

2. Establecer la meta de convergencia 50-50 hasta 2030. Se plantea adoptar un horizonte de redistribución progresiva que permita fortalecer las finanzas de los gobiernos municipales, departamentales y las universidades.

3. Definir una arquitectura inicial de distribución. La propuesta contempla un 36% para municipios, 6,7% para gobernaciones y 7,3% para universidades, como punto de partida para las negociaciones técnicas y financieras.

4. Aplicar una transición gradual durante cuatro años.Se plantea avanzar mediante incrementos progresivos de cuatro puntos porcentuales por año, hasta alcanzar el objetivo de redistribución establecido para los municipios.

5. Crear una comisión técnica intergubernativa.Este mecanismo permitiría trabajar los aspectos económicos, financieros y administrativos de la propuesta, incorporando a representantes de los diferentes niveles de gobierno y de los municipios.

6. Establecer mecanismos de equidad y compensación. Dockweiler advirtió que la distribución de recursos no debe basarse únicamente en la cantidad de habitantes, debido a que existen municipios pequeños y vulnerables que requieren criterios adicionales de compensación para garantizar su desarrollo.

7. Vincular los recursos con transparencia, esfuerzo fiscal y resultados. Se propone que la asignación de mayores recursos esté acompañada de mecanismos de control, transparencia y cumplimiento de objetivos, para garantizar que el dinero público se traduzca en beneficios concretos para la población.

8. Aprobar un instrumento normativo nacional. Se plantea construir una normativa que establezca reglas claras y garantice la implementación del nuevo esquema de distribución, de manera que el 50-50 no quede solamente como una promesa electoral, sino que tenga respaldo legal y obligaciones de cumplimiento.

Recaudación municipal y responsabilidad en el manejo de recursos

Durante su exposición, el alcalde también se refirió a la importancia de fortalecer los mecanismos de recaudación tributaria y evitar que los incentivos fiscales terminen beneficiando a quienes incumplen sus obligaciones.

Como ejemplo, mencionó que 56 personas jurídicas adeudarían cerca de 500 millones de bolivianos, cuestionando que se apliquen medidas de condonación sin considerar sus efectos sobre la cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones.

En ese contexto, sostuvo que los gobiernos municipales deben mejorar sus capacidades de recaudación y administración financiera, aunque reconoció que no todos los municipios cuentan con las mismas condiciones técnicas y económicas.

Por ello, insistió en la necesidad de incorporar mecanismos de equidad y compensación que permitan atender las diferencias entre municipios grandes y pequeños, evitando que una distribución basada exclusivamente en la población profundice las desigualdades existentes.

La propuesta busca convertirse en una política nacional

Dockweiler explicó que el planteamiento no está dirigido exclusivamente al municipio de La Paz, sino que busca beneficiar al conjunto de los gobiernos municipales del país mediante una nueva relación financiera entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales.

La propuesta, que ya fue compartida con alcaldes de las ciudades capitales, fue puesta a consideración de las autoridades municipales del departamento de La Paz para recibir observaciones, aportes y posibles modificaciones.

Asimismo, anunció que el documento sería presentado al Gobierno nacional en la reunión convocada para las 12:00 del mediodía y reiteró su solicitud para que los alcaldes participantes del encuentro departamental puedan formar parte de ese espacio de diálogo.

La autoridad invitó a los representantes municipales a revisar el documento y contribuir a su construcción, con el objetivo de consolidar una posición que represente las necesidades de los municipios paceños y del conjunto del país.

“No queremos un Estado más pequeño. Queremos un Estado más cerca de la gente”, afirmó Dockweiler, al defender la necesidad de fortalecer financieramente a los gobiernos municipales para que puedan responder con mayor capacidad a las demandas de la ciudadanía.

El encuentro de los alcaldes de los 87 municipios de La Paz se constituye así en un espacio de debate sobre el futuro del pacto fiscal, la descentralización de los recursos y la necesidad de establecer una distribución más equitativa que permita mejorar la inversión pública, los servicios y las condiciones de vida de la población.