
La Sala Plena del Consejo de la Magistratura designó por unanimidad a la Consejera Gabriela Paula Araoz López como presidenta de la institución para la gestión 2027, en una decisión adoptada por los tres integrantes de Sala Plena y anunciada este jueves en conferencia de prensa por el Decano Dr. Manuel Baptista Espinoza PhD y la autoridad designada. Su mandato comenzará el 4 de enero del próximo año.
El Decano explicó que la determinación responde al principio de alternancia y a la necesidad de garantizar la continuidad de la gestión institucional. Asimismo, informó que Sala Plena resolvió por unanimidad que continuará ejerciendo las funciones de Decano, en atención a su antigüedad en el ejercicio profesional como abogado.

«El Consejo de la Magistratura es un órgano colegiado y, como tal, sus decisiones deben estar orientadas al cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales por encima de cualquier consideración personal», manifestó Baptista, al señalar que la determinación busca preservar la institucionalidad y fortalecer el trabajo del órgano judicial.
Por su parte, la Dra. Gabriela Araoz López agradeció la confianza de sus colegas y anunció que dará continuidad al trabajo institucional bajo los principios de transparencia, legalidad y respeto a la Constitución Política del Estado. Entre los objetivos que planteó para su gestión mencionó la modernización del sistema de Derechos Reales, la reducción de la mora procesal y el fortalecimiento de la administración de justicia.

«Continuaremos haciendo todo el trabajo que se ha venido desempeñando como Consejo de la Magistratura», afirmó la Consejera, quien también señaló que los proyectos serán impulsados de manera conjunta con Sala Plena.
La nueva presidencia asumirá en una etapa en la que la institución plantea fortalecer la independencia judicial, impulsar la carrera judicial y mejorar los mecanismos de control y fiscalización, además de atender las necesidades administrativas del Órgano Judicial.

Con esta determinación, el Consejo de la Magistratura establece la conducción institucional para la gestión 2027 y proyecta la continuidad de sus líneas de trabajo, con énfasis en la modernización de los servicios judiciales y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en la administración de justicia.












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