El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, César Siles Bazán presentó este lunes los retos institucionales que se tienen previstos de cara a la gestión 2025, Año del Bicentenario, en el marco de diferentes ejes como la modernización del sistema judicial, acceso a la justicia y atención a la población vulnerable, desarrollo normativo, lucha contra la corrupción y otros.
“Estamos cumpliendo 200 años, este Bicentenario trae muchos retos y desafíos, vamos a presentar lo que se hizo hasta ahora y lo que se pretende hacer en materia de Justicia enfocándonos en el año 2025, Año del Bicentenario”, señaló el titular de Justicia.
La autoridad indicó que en cuanto a Reformas Estratégicas y Modernización del Sistema Judicial se avanzó en la refuncionalización de 87 tribunales penales y la ampliación de competencias a 90 jueces, la nivelación salarial de jueces cautelares con jueces públicos y de sentencia, y el 98% de los jueces de carrera hasta marzo de este año.
En ese ámbito, para 2025 se tiene el reto de hacer seguimiento al anteproyecto de ley para modificar la Ley 025 del Órgano Judicial, la implementación de un sistema de evaluación de desempeño meritocrático para jueces y la interoperabilidad de sistemas de acceso a la justicia y el expediente digital.
Respecto al Acceso a la Justicia y la Atención a la Población Vulnerable, Siles comunicó que los servicios integrales gratuitos ofrecidos por la Gestora del Sistema de Acceso a la Justicia y Registro Público de la Abogacía (Gestora SAJ-RPA), dependiente de esta cartera de Estado, llegarán a 20.669 en orientaciones jurídicas, 3.557 en patrocinios legales, 3.020 en atenciones psicológicas, y a 25.197 en servicios de defensa pública y 18.578 en atención a víctimas.
Para 2025, se desarrollará la reingeniería al modelo de Acceso a la Justicia, la apertura de nuevas oficinas de atención y el fortalecimiento operativo de servicios, asimismo, la implementación de un Registro Nacional de Asistencia Familiar, se impulsará la plena implementación de la Justicia de Paz y se mejorará la digitalización de servicios judiciales; además de la reflexión y propuesta de la implementación y aporte de la Justicia Indígena Originaria Campesina.
En cuanto a Desarrollo Normativo, se aprobaron 34 normas en el marco de la Reforma de la Justicia, en 2024 se desarrollaron mejoras en la selección y evaluación de magistrados y fiscales, y se trabajó en la propuesta de una nueva currícula universitaria para la carrera de Derecho.
Como reto, se tiene la aprobación, sanción y promulgación del Código Procesal Agroambiental, Ley de Revolución Judicial (ética judicial), de la Ley del Servicio General de Derechos Reales, Código de Comercio y nuevo modelo de Asistencia Familiar, Código de Enjuiciamiento Penal, Ley de Distribución de Escaños, Ley de modificaciones del TCP y CPC, Ley de Acción de Repetición, Ley de Estado Conciliador y/o Justicia de Paz, Ley Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos y la Ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra Niñas Niños y Adolescentes.
En Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción se procedió a la Creación del Plan de Gestión de Riesgos, la Digitalización de la Rendición Pública de Cuentas y las Campañas Educativas sobre Ética y Transparencia. En esa línea, el reto para 2025 es fortalecer el sistema SITPRECO 2+ para acceso público a registros digitales y desarrollar herramientas educativas para fomentar valores éticos.
El Ministro también informó que en el marco de la Agenda del Bicentenario, se llevará a cabo el Congreso ALAP (Asociación Latinoamericana de Abogacías y Procuradurías de Estado), una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Consejo Ampliado de Trata y Tráfico, la apertura de CONDATOS (apertura de datos) y la Agenda de la Juventud.
En cuanto a la Agenda Interinstitucional, se trabajará en la Estrategia de liquidación, cierre y transferencia del Banco Fassil; también en comprometer el proceso de las Elecciones Judiciales complementarias y su consolidación, la reconformación de autoridades electas; la intervención a procesos judiciales del Fondo Indígena; la estrategias y resultados de arbitrajes internacionales; estrategias y seguimiento de casos Corte IDH y CIDH; los procesos judiciales de Estado; y el cumplimiento de sesiones de Consejos, Comités, Directorios y otros.
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