En el marco de la implementación del Programa Tranca Cero, desde este 1 de junio las entidades del Órgano Ejecutivo ya no podrán exigir fotocopias de la Cédula de Identidad ni del Certificado de Nacimiento, como requisito para la realización de trámites administrativos. Esta disposición tendrá una excepción en casos específicos relacionados con la verificación de filiación o parentesco.

La medida se encuentra establecida en el Decreto Supremo 5595, promulgado el 30 de marzo de 2026, que crea el Programa Tranca Cero, como una política pública nacional orientada a la desregulación, simplificación administrativa y optimización normativa. Tiene el objetivo de reducir las cargas burocráticas para la ciudadanía.

Como parte de esta iniciativa, también se encuentra habilitada la plataforma digital “Reporta Tu Tranca”, accesible a través del portal “trancacero.gob.bo”. En la misma, la población puede reportar de manera sencilla cualquier requisito innecesario, traba burocrática o dificultad encontrada durante la realización de trámites ante instituciones públicas.

A la fecha, el Programa Tranca Cero recibió cerca de 500 reportes provenientes de los nueve departamentos del país y de 36 municipios, involucrando a más de 100 entidades públicas. Entre las instituciones con mayor cantidad de reportes se encuentran YPFB, la Gestora Pública, el Servicio de Impuestos Nacionales, la Aduana Nacional, la Dirección General de Migración, la Caja Nacional de Salud, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Ministerio de Educación.

Cada uno de los reportes es analizado de manera individual por equipos técnicos especializados, con el propósito de identificar oportunidades de mejora y eliminar procedimientos innecesarios que dificultan la atención a la ciudadanía.

Las autoridades responsables del Programa destacaron que, durante los primeros dos meses de implementación, se consolidó el equipo técnico y se fortalecieron las herramientas de gestión necesarias para avanzar en el proceso de desburocratización.

Asimismo, se informó que próximamente se darán a conocer nuevos avances en materia de simplificación administrativa. Entre las acciones previstas se encuentra la creación de un Catálogo Nacional de Trámites, que permitirá a la ciudadanía acceder de manera rápida y transparente a información actualizada sobre requisitos y procedimientos de los servicios ofrecidos por el Estado.

Finalmente, se recordó que todas las entidades del Órgano Ejecutivo deben adecuar sus portales institucionales incorporando la identidad visual del Programa Tranca Cero, acceso directo al portal oficial, la señalética correspondiente, así como el Decreto Supremo 5595 y su normativa reglamentaria.

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El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Andrés Paye, pidió a los movilizados permitir el paso de ambulancias, oxígeno y medicamentos, y afirmó que bajo ninguna circunstancia se debe poner en riesgo la vida de las personas afectadas por los bloqueos.

“Dejen pasar porque no merece bajo ningún motivo, bajo ningún argumento perder una vida”, afirmó Paye en el noticiero Bolivia en Contacto de ERBOL, en el que también lamentó los fallecimientos reportados de pacientes y otras personas que no lograron llegar oportunamente a centros médicos.

Entre el lunes y este martes se reportó la muerte de dos pacientes oncológicos de Oruro que debían trasladarse a La Paz para continuar sus tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Sin embargo, debido a los bloqueos, postergaron la atención médica requerida.

El dirigente señaló que la FSTMB presentó una resolución ante la Central Obrera Boliviana (COB) para garantizar un corredor humanitario y aseguró que representantes del sector minero visitaron distintos puntos de bloqueo para pedir que se permita el tránsito de ambulancias y de insumos destinados a la atención de emergencias.

“Reiterar a los compañeros que están en los puntos de bloqueo: no podemos actuar de esa forma, ya se los hemos dicho”, manifestó Paye al dirigirse a los movilizados.

Paye sostuvo que existe un endurecimiento de las medidas de presión en algunos sectores y atribuyó esta situación a la falta de atención del Gobierno a las demandas sociales. 

Asimismo, afirmó que las bases han rebasado a muchos dirigentes y que existe un profundo descontento por compromisos incumplidos. El dirigente también cuestionó la gestión gubernamental frente a la crisis económica y social, llamó a evitar la polarización y reiteró que continuarán insistiendo ante los movilizados para que se garantice el paso de casos de emergencia. “No podemos estar sacrificando una vida con otra vida”, enfatizó.

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El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca Oller (foto), aclaró este martes que su participación en la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) respondió exclusivamente a su actividad profesional dentro de un consorcio internacional de empresas constructoras y rechazó los intentos de vincular ese trabajo con alguna afinidad política.

Durante una entrevista concedida a Radio Fides, la autoridad —de profesión ingeniero civil con especialidad en petróleo y gas—, explicó que formó parte del equipo empresarial que ejecutó el proyecto, destacando que se trató de una obra de alta complejidad técnica que requirió la conformación de un consorcio internacional para competir en procesos de licitación pública.

“Lo tengo que decir con mucho orgullo: sí, he sido parte del consorcio que ha construido esa obra”, afirmó Daroca, al señalar que la adjudicación se realizó mediante licitaciones internacionales transparentes y abiertas.

El máximo ejecutivo de YPFB recordó que desarrolló su trayectoria profesional en una empresa familiar con más de cuatro décadas de experiencia en el sector de la construcción en Bolivia, desempeñando actividades privadas de manera independiente a cualquier militancia o identificación política.

“Lo hemos hecho con la más absoluta honestidad y solvencia técnica que tenemos”, sostuvo.

Daroca consideró improcedente que su participación en una obra estatal ejecutada durante una determinada gestión gubernamental sea utilizada para atribuirle una posición política. Explicó que este criterio implicaría extender la misma calificación a numerosas empresas y profesionales que prestaron servicios al Estado boliviano en distintos periodos.

Además, destacó que la infraestructura fue concluida satisfactoriamente y superó los procesos de fiscalización y auditoría correspondientes. “Ese proyecto ha sido fiscalizado por auditorías de la Contraloría y no tiene absolutamente ningún problema”, manifestó.

Asimismo, precisó que la construcción se desarrolló en dos etapas, correspondientes a la obra gruesa y la obra fina, ambas adjudicadas mediante procesos de licitación internacional. Según explicó, los contratos, procedimientos y antecedentes administrativos se encuentran publicados y disponibles para consulta pública.

“Ganamos licitaciones públicas y están los procesos absolutamente transparentes y publicados en el Sicoes (Sistema de Contrataciones Estatales)”, remarcó.

Consultado sobre el costo de la infraestructura, Daroca indicó que la suma de los contratos correspondientes a la obra gruesa y la obra fina alcanzó aproximadamente los Bs 500 millones.

Finalmente, Daroca sostuvo que las publicaciones malintencionadas al respecto, “tratan de ensuciar la imagen de una gestión que estamos haciendo ahora frente a YPFB con aspectos que no tienen nada que ver con la gestión que estamos encarando”, concluyó.

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La Vicepresidencia, a cargo de Edmand Lara, manifestó su rechazo a la iniciativa del diputado Carlos Alarcón de realizar en 90 días un referéndum revocatorio extraordinario de presidente, vicepresidente y asambleístas como salida a la crisis que atraviesa el país.

Mediante un comunicado, la Vicepresidencia tachó la propuesta de Alarcón como “acción abiertamente anticonstitucional, un intento de utilizar los mecanismos democráticos para vulnerar la democracia misma”.

Asimismo, criticó que el Gobierno destine bs68 millones para comprar gases, cuando bolivianos hacen filas por combustible, faltan camas en los hospitales, aulas y médicos.

“Eso no es gobernar; es responder a las demandas ciudadanas con medidas de fuerza, reprimir no pacífica. La violencia solo genera más violencia. El Estado tiene el deber constitucional de proteger la vida, preservar la paz social y promover el diálogo, no de profundizar la división ni apostar por la confrontación”, señala el comunicado.

En cambio, Lara aseveró que cree en “otra Bolivia, una patria que se construye desde el diálogo, el respeto y el encuentro entre sus ciudadanos; una Bolivia que defiende la Constitución y fortalece la democracia en lugar de debilitarla”.

En ese sentido, hizo un llamado a la pacificación y al diálogo sincero./Erbol

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Un chofer del transporte pesado falleció la noche del lunes en una carretera de La Paz luego de permanecer varado en su camión durante más de 30 días debido a los bloqueos en el país.

“Mi esposo ha fallecido en La Paz, ayer (lunes), a las 10 de la noche”, confirmó entre lágrimas Zulema Ramos, su esposa, en contacto con Red Uno, quien arribó al Aeropuerto Internacional de El Alto al mediodía de este martes.

Ramos relató que el conductor, quien se encontraba mal de salud, cargaba en su vehículo mercadería. No quiso dejar el motorizado por temor a robos en la carretera a La Paz. Precisamente esta ruta fue cerrada por los movilizados. “Se ha deshidratado mi esposo”, añadió la mujer.

Ahora Zulema pide a los bloqueadores que dejen pasar el cuerpo de su esposo, desde la ciudad de El Alto hacia Desaguadero. Esta es su localidad de origen, donde su familia decidió enterrarlo. “Por favor ayúdenme a pasar, me lo voy a llevar al campo, ahí lo voy a enterrar a mi esposo”, dijo.

Seis víctimas

Los reportes oficiales dan cuenta que la primera víctima de los bloqueos fue Anna Enss, una ciudadana de Belice que falleció en Desaguadero por complicaciones de salud al no poder llegar al centro médico; la segunda es una paciente de Guanay que no pudo trasladarse para seguir un tratamiento médico.

La tercera víctima, a causa de esa medida, fue una joven de 20 años en El Alto tras pasar varias horas sin recibir asistencia médica; y la cuarta, un niño de 12 años que murió debido a que la ambulancia que lo trasladaba no pudo llegar de Llallagua a Potosí debido a los bloqueos. La quinta es una mujer de 24 años que padecía cáncer. Falleció en la ciudad de Oruro luego de no poder ser trasladada a La Paz para recibir tratamiento de radioterapia.

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La Paz vive uno de los momentos más difíciles de los últimos años. Las movilizaciones, los bloqueos y la paralización progresiva de la ciudad están golpeando profundamente la vida cotidiana de miles de familias paceñas, afectando el abastecimiento, el transporte, la salud, el empleo y la esperanza de quienes todos los días luchan por salir adelante.

En ese contexto, el alcalde municipal y la Asamblea de la Paceñidad hicieron este martes un llamado firme, humano y urgente al diálogo, a la paz y a la protección de la población civil.

“Hoy no hablo solamente como alcalde. Hablo a nombre de la madre que fue al mercado con 100 bolivianos y volvió con una bolsa casi vacía y lágrimas en los ojos. Hablo a nombre del transportista que espera tres días para conseguir combustible y apenas logra trabajar otros tres. Hablo a nombre de los pequeños emprendedores, de los comerciantes, de las familias que sienten que ya no pueden más”, manifestó la autoridad edil.

Durante la conferencia, se recordó que el pasado 27 de mayo, tras la realización de la Asamblea de la Paceñidad, se remitió una solicitud formal de reunión al presidente del Estado para presentar propuestas, conclusiones y mecanismos humanitarios orientados a aliviar la crisis que atraviesa la ciudad.

“La Paz atraviesa una situación delicada que exige diálogo, coordinación y acciones humanitarias inmediatas. Por encima de cualquier diferencia política, hoy debe estar la vida y el sufrimiento de la población”, señala parte de la carta enviada al Gobierno nacional.

Hasta la fecha, dicha reunión aún no se concretó. Sin embargo, el Gobierno Municipal y las mesas de trabajo de la Asamblea continúan insistiendo en la necesidad de abrir canales de diálogo tanto con el Gobierno como con los sectores movilizados.

“No estamos del lado del conflicto; estamos del lado de la gente”

La autoridad municipal fue enfática al aclarar que la posición de la Asamblea de la Paceñidad no responde a intereses políticos ni partidarios.

“No estamos del lado del Gobierno ni del lado de los movilizados. Estamos del lado de La Paz, de sus ciudadanos, de la gente que está sufriendo”, afirmó.

Asimismo, expresó su profunda preocupación por el nivel de tensión social y el riesgo de que la confrontación escale hacia hechos irreparables.

“Escuché a una persona decir que, si alguien intenta quedarse o si alguien intenta hacer renunciar a otro, va a haber muertos. Y esa frase me dejó consternado. Ninguna causa, ninguna diferencia y ningún conflicto puede poner en riesgo una sola vida humana”, sostuvo.

En ese sentido, la Asamblea de la Paceñidad rechazó cualquier salida violenta y ratificó su compromiso con la cultura de paz, el diálogo y la búsqueda de soluciones estructurales.

Convocan a organizaciones movilizadas y organismos internacionales

Como parte de las acciones impulsadas por la Asamblea, este martes también se enviaron notas oficiales a dirigentes y organizaciones movilizadas para solicitar reuniones directas que permitan exponer el impacto que los bloqueos están generando sobre la población paceña.

“Queremos que conozcan el sufrimiento de quienes viven en esta ciudad. Los bloqueos no están afectando solamente a las autoridades; están afectando a niños, adultos mayores, personas con discapacidad, trabajadores y familias enteras”, señalaron.

Además, se remitieron comunicaciones a organismos internacionales y embajadas acreditadas en Bolivia solicitando acompañamiento y respaldo a iniciativas de paz y protección de los derechos humanos de la población.

“La Paz no merece más dolor”

La autoridad edil también pidió a la ciudadanía evitar escenarios de confrontación y dar espacio a los esfuerzos de mediación y diálogo que continúan desarrollándose.

“Entiendo la indignación, el cansancio y la impotencia de la gente. Pero responder con más violencia solo ampliará las heridas. La fuerza puede resolver algo por unas horas, pero dejará dolor por años. Lo que necesitamos es una solución definitiva, estructural y pacífica”, expresó.

Asimismo, informó que continúan las gestiones para habilitar corredores humanitarios que permitan el ingreso de alimentos, medicamentos, oxígeno y combustible a la ciudad, aunque reconoció que existen dificultades y amenazas que están complicando estas tareas.

Finalmente, la Asamblea de la Paceñidad convocó a la ciudadanía a mantenerse unida en un movimiento pacífico de defensa de los derechos fundamentales.

“Tenemos derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, al trabajo y a vivir en paz. Hoy La Paz pide ser escuchada. Hoy La Paz pide diálogo. Hoy La Paz pide que se piense primero en la vida”, concluyó./Amun

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El cabildo convocado por la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto realizado este martes en el distribuidor vial de la Ceja de El Alto, rechazó cualquier convocatoria al diálogo con el Gobierno, exigió se garantice el abastecimiento de combustible, la radicalización de las medidas de presión, además de la exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Los dirigentes asistentes a este evento, principal mecanismo constitucional de democracia directa y participativa donde la ciudadanía se reúnió para deliberar y pronunciarse sobre asuntos de interés colectivo.

La decisión fue asumida durante el cabildo convocado por la Fejuve y celebrado este martes 2 de junio, en el que participó el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo. El dirigente de la entidad matriz de los trabajadores del país, resolvió no participar en mesas de negociación con el Ejecutivo mientras no existan respuestas concretas a sus demandas. Asimismo, insistieron que se reservan el derecho de asumir nuevas medidas de presión si el Gobierno no atiende sus pedidos.

Entre las principales exigencias figura la normalización inmediata del suministro de combustible, una de las preocupaciones que, según los dirigentes, afecta a los vecinos, al transporte y a distintas actividades económicas de la ciudad de El Alto.

Los representantes de la Fejuve alteña señalaron que permanecerán en estado de emergencia y evaluarán nuevas acciones en función de la respuesta que brinden las autoridades nacionales en los próximos días. Exigen la renuncia de Paz.

La postura de la organización vecinal de El Alto endurece el escenario del conflicto social, en momentos en que distintas instituciones buscan acercar a las partes para encontrar una solución a la crisis y levantar las medidas de presión que afectan el libre tránsito, el abastecimiento de productos y diversas actividades económicas./RRSS

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La Gobernación de La Paz declaró oficialmente la emergencia sanitaria y humanitaria en todo el departamento debido a los bloqueos de caminos que impiden el transporte y suministro regular de insumos esenciales para la atención de pacientes en hospitales y centros de salud.

La decisión fue asumida tras la presentación de reportes técnicos elaborados por el Servicio Departamental de Salud (SEDES), que alertan sobre un escenario crítico de desabastecimiento. El secretario departamental de Salud, Dr. Guido Zambrana, informó que varios establecimientos médicos enfrentan dificultades para garantizar la provisión continua de oxígeno medicinal, medicamentos y otros insumos indispensables.

“Lamentablemente, parte de la insuficiencia en la llegada de oxígeno y medicamentos se debe a los bloqueos. La situación es preocupante y requiere acciones inmediatas para evitar que se ponga en riesgo la vida de los pacientes”, señaló la autoridad.

Zambrana explicó que el impacto de la crisis varía según la capacidad de almacenamiento de cada establecimiento de salud. Mientras algunos hospitales cuentan con reservas de oxígeno para dos o tres días, otros disponen de existencias para periodos más reducidos, lo que incrementa la vulnerabilidad del sistema sanitario.

La declaratoria permitirá agilizar procedimientos administrativos y coordinar acciones con el Ministerio de Salud para facilitar el ingreso de suministros mediante corredores humanitarios. Asimismo, posibilitará la reasignación de recursos y la adopción de medidas excepcionales para garantizar la atención médica de la población.

Por su parte, el director técnico del SEDES, Dr. Martín Carrasco, destacó que la medida habilita mecanismos inmediatos para la adquisición de medicamentos, oxígeno, alimentos, combustibles y otros insumos estratégicos destinados a los establecimientos de salud del departamento.

“La declaratoria sanitaria y de salud departamental abre canales administrativos dentro de la normativa vigente para responder con mayor rapidez a las necesidades urgentes de nuestros hospitales y centros de salud”, explicó Carrasco.

Las autoridades departamentales advirtieron que, de mantenerse los bloqueos en las carreteras, el riesgo para la población podría agravarse debido a las dificultades para abastecer a los servicios de salud y garantizar la atención oportuna de los pacientes.

Finalmente, la Gobernación hizo un llamado a priorizar el bienestar de la población y permitir el tránsito de suministros esenciales, recordando que la interrupción del acceso a oxígeno, medicamentos y alimentos puede tener consecuencias directas sobre la vida y la salud de miles de personas.

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A 30 días del conflicto social en el país el alcalde de El Alto, Eliser Roca, recalcó priorizar el diálogo “horizontal” y encontrar un punto de conciliación para una pronta solución con el fin de evitar mayores perjuicios a la economía local, como también frenar el desabastecimiento de los alimentos que aqueja a varias familias.

“Pido fraternalmente a ambas partes en conflicto dialogar de manera horizontal y llegar a felices conclusiones que haga que nuestra sociedad vuelva nuevamente a la normalidad”, expresó la primera autoridad municipal.

Mencionó que El Alto por día pierde Bs 45 millones y la falta del dialogó ha ocasionado que muchas familias se vean afectadas, porque muchas viven del día y actualmente enfrenta desabastecimiento de productos básicos y alza de precios en los alimentos. “Si vamos a seguir sin escucharnos, sin dialogar, el futuro es triste”, lamentó.

Ante esta situación mencionó que desde la Secretaria de Seguridad Ciudadana se realizan los controles respectivos contra el agio y la especulación de alimentos.

En cuanto a la situación en los hospitales municipales, informó que cuentan con el oxígeno medicinal con lo que se garantiza la atención en los nosocomios y el resguardo del bienestar de los pacientes.

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La Gobernación de La Paz, a través de la Secretaría Departamental de Protección a la Madre Tierra y Gestión Ambiental, expresó su preocupación por la creciente acumulación de residuos sólidos en las ciudades de La Paz y El Alto, una situación que podría derivar en una emergencia sanitaria si no se adoptan acciones inmediatas.

El secretario departamental, Gabriel Pari Flores, informó que se enviaron requerimientos oficiales a las alcaldías de ambos municipios para que presenten sus planes de acción ante la emergencia que se vive en el departamento y las medidas que implementarán para garantizar una adecuada gestión de los residuos.

“Como autoridad competente del medio ambiente departamental, hemos solicitado a los gobiernos municipales de La Paz y El Alto que informen sobre las acciones que están ejecutando para enfrentar esta problemática. Hasta la fecha, no hemos recibido respuesta de ninguna de las dos alcaldías”, señaló la autoridad.

Pari recordó que la ciudad de El Alto genera entre 850 y 900 toneladas de residuos por día, mientras que La Paz produce entre 600 y 650 toneladas diarias, cifras que reflejan la magnitud del problema y la necesidad de una intervención oportuna.

Asimismo, explicó que la acumulación de basura favorece la proliferación de vectores como moscas, roedores y otros animales transmisores de enfermedades, además de generar malos olores y afectar la calidad ambiental en las zonas urbanas.

Si bien la Gobernación cuenta con competencias para fiscalizar y aplicar sanciones cuando corresponda, la autoridad enfatizó que, en este momento, la prioridad es proteger la salud de la población y prevenir consecuencias mayores.

“Estamos realizando un seguimiento permanente a esta situación y reiteramos el llamado a las autoridades municipales para que actúen con celeridad. Lo más importante es resguardar el bienestar de la ciudadanía y evitar riesgos para la salud pública”, concluyó Pari.

Asimismo, anunció que el gobernador Luis Revilla realiza gestiones ante el Gobierno nacional para garantizar la dotación prioritaria de combustible a las empresas operadoras del servicio de recolección de residuos en las ciudades de La Paz y El Alto, con el fin de asegurar la continuidad de sus operaciones y evitar mayores afectaciones a la población.

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