* Dos asambleístas nacionales con representación minera cuestionaron al aún Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB).

Dos asambleístas con representación minera cuestionaron al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, y exigieron que antes de dejar el cargo rinda cuentas ante las organizaciones sindicales de base por sus tres gestiones prorrogadas, además de denuncias de prebendas y distribución de cargos.
El senador del MAS, Hilarión Mamani, acusó a Huarachi de no haber defendido los derechos colectivos de los trabajadores y de haber permitido la relocalización de obreros en plantas hidroeléctricas paralizadas en Potosí.
“Para nosotros es traidor, prebendalista y cuoteador de ministerios y pegas. Va a quedar en la historia esta traición a los trabajadores a nivel nacional”, indicó.
Manifestó que el dirigente debería ser procesado en la comisión de ética de la COB por haber vulnerado los estatutos y cogobernar con Evo Morales, dejando de lado la defensa de la Ley General del Trabajo.

Por su parte, el senador Miguel Pérez reconoció que una de las mayores falencias de la actual gestión fue el prorroguismo y la falta de representación genuina de los trabajadores.
Sin embargo, remarcó que serán las bases las que evalúen la gestión de Huarachi y tomen decisiones. Recordó que la Central Obrera Departamental de Oruro y otras instancias ya convocaron a pedir informes al dirigente los días 24 y 27 de septiembre.
Pérez destacó también la conformación de la Comisión de Poderes, que consideró un paso hacia la organización de un nuevo congreso ordinario de la COB, donde mineros, fabriles, campesinos, magisterio y otros sectores elegirán a la próxima directiva del ente matriz de los trabajadores./Erbol











Zamora presenta al presidente Rodrigo Paz propuesta de decreto para transformar el transporte boliviano
Calles y avenidas del centro de La Paz estarán cerradas temporalmente este lunes por una filmación: Proyecto K
Vocero presidencial: se “quita la subvención” del diésel, pero “no se quita la protección al pueblo boliviano”