El Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira desplegó una estrategia de seguridad orientada a combatir las estructuras del narcotráfico transnacional, recuperar la institucionalidad y fortalecer el control en las zonas fronterizas, con el objetivo de proteger a las comunidades y garantizar condiciones de seguridad para las familias bolivianas.
Uno de los operativos de mayor relevancia fue la captura de Sebastián Marset, el 13 de marzo de 2026, en un procedimiento ejecutado por la Policía Boliviana. A este resultado se sumó el balance presentado por el Ministerio de Gobierno sobre los primeros ocho meses de gestión, que reportó la incautación de 283 toneladas de droga, 58 avionetas, 370 inmuebles y 573 vehículos, además de la expulsión de 17 integrantes de organizaciones criminales brasileñas.
En el ámbito institucional, el operativo desarrollado el 1 de octubre de 2026 derivó en 14 aprehensiones, entre ellas la del entonces fiscal general del Estado, Róger Mariaca, además de otras autoridades y funcionarios investigados por presuntos vínculos con organizaciones criminales. El caso incluyó el decomiso de recursos económicos y dio paso a investigaciones para establecer las responsabilidades correspondientes. A estos hechos se sumaron la aprobación de la Ley 1773 en la Asamblea Legislativa y, posteriormente, la designación de José Armando Urioste como fiscal general interino, como parte de un proceso de recomposición institucional desarrollado en el marco de las atribuciones de los distintos órganos del Estado.
La seguridad fronteriza también fue incorporada como una prioridad. El 13 de agosto, en Guayaramerín, Beni, el Gobierno lanzó el Plan Binacional Fronteras Seguras, con coordinación entre la Policía Boliviana y la Policía Federal de Brasil. La iniciativa planteó reforzar la presencia policial permanente en puntos estratégicos y desarrollar acciones de inteligencia para enfrentar a organizaciones criminales como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho.
En el plano internacional, Bolivia se incorporó al Escudo de las Américas, con el respaldo de 14 países, y suscribió el Compromiso de Santiago, como parte de los mecanismos de cooperación para enfrentar amenazas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado transnacional.
Estas acciones fueron planteadas bajo una política de protección de la población, defensa de la soberanía y recuperación de la presencia del Estado en zonas vulnerables. El desafío institucional también comprende garantizar investigaciones transparentes, respetar el debido proceso y asegurar que las responsabilidades penales sean establecidas por las instancias judiciales competentes.
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