* Las manifestaciones llevan cinco semanas y suman 28 días con rutas cerradas, con 103 puntos de interrupción en siete departamentos, según la Administradora Boliviana de Carreteras, con Cochabamba como el foco principal.
La crisis política y social de Bolivia se agrava tras cinco semanas de protestas y 28 días de bloqueos de carreteras que mantienen aisladas a La Paz y El Alto, con un saldo de cinco muertos, pérdidas económicas que superan los USD 1.600 millones y 103 puntos de interrupción vial en siete departamentos del país, según datos oficiales y proyecciones del sector privado.
La Administradora Boliviana de Carreteras publicó su mapa de transitabilidad con el registro de esas 103 interrupciones, elevando de seis a siete los departamentos afectados tras la incorporación de Pando. Cochabamba concentra la mayor cantidad de cortes, con 32 puntos de conflicto, por encima de los 21 registrados en La Paz.
La Cámara Nacional de Industrias (CNI) proyecta que las pérdidas superan los USD 1.600 millones desde que la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Campesina “Tupac Katari” —ambas afines al expresidente Evo Morales— convocaron a una huelga general indefinida. Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), advirtió a la agencia EFE que a esa cifra se suma el “alto costo intangible que implica perder contratos, clientes y mercados, además de inversiones y turistas”.
El economista Fernando Romero, citado por EFE, calificó el período como potencialmente “uno de los meses más costosos para Bolivia desde la crisis política de 2019”. Romero alertó que “el daño no se limita a la producción perdida; también afecta exportaciones, abastecimiento de combustibles, logística, comercio, recaudación tributaria y generación de divisas”, en una economía que ya acumulaba contracciones de -1,12% y -1,58% en los dos años previos.
El Ministerio de Salud confirmó una quinta víctima mortal atribuida a la imposibilidad de acceder a atención médica. Se trata de una paciente oncológica de 24 años con coriocarcinoma en estadio IV que debía recibir radioterapia en La Paz. La ambulancia que la trasladaba desde Oruro tuvo que tomar rutas alternativas para eludir los bloqueos y la joven falleció en el trayecto, según informó Paola Navarro, responsable del Programa de Lucha contra el Cáncer de Oruro.
“Este hecho evidencia el grave impacto que los bloqueos generan en el acceso a servicios de salud, especialmente en pacientes con enfermedades oncológicas avanzadas, quienes requieren atención continua, especializada y oportuna”, señaló el Ministerio en un comunicado. Las otras cuatro víctimas incluyen un niño de 12 años y tres mujeres, una de ellas originaria de Belice.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) exigió el 1 de junio “decisiones inmediatas” al presidente Rodrigo Paz ante la “situación de catástrofe” que atraviesa la economía. “La gravedad del momento exige decisiones inmediatas. Cada día de parálisis y bloqueos agrava los daños y acerca al país a una situación de catástrofe”, advirtió la patronal en un comunicado oficial.
La Confederación Nacional de Choferes dio a Paz un plazo de 48 horas —que vence el 4 de junio— para despejar las vías que paralizan su actividad, con amenaza de nuevas medidas en caso de que la demanda no sea atendida. La Federación Boliviana de Fútbol, por su parte, suspendió el torneo de Primera División durante todo junio y parte de julio, decisión que la Comisión Organizadora de Competiciones atribuyó a “los conflictos sociales y bloqueos de las carreteras existentes a nivel nacional”.
Ante el fracaso de una iniciativa de diálogo impulsada por el Parlamento, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos —rechazada por la COB y la Federación Campesina—, el diputado Carlos Alarcón de la alianza Unidad planteó, a título personal, la convocatoria de un referendo revocatorio extraordinario para presidente, vicepresidente y legisladores en un plazo de 90 a 120 días. “Los movilizados quieren elecciones y el camino no es romper la Constitución y la democracia, sino acudir al voto”, declaró Alarcón a EFE.
La Constitución boliviana establece que ese mecanismo solo puede activarse cuando el funcionario ha cumplido la mitad de su mandato de cinco años; Paz lleva apenas seis meses en el cargo. La propuesta fue respaldada por el excandidato presidencial Andrónico Rodríguez, disidente del bloque de Morales dentro del Movimiento al Socialismo, quien la consideró una vía para “evitar una mayor escalada de violencia y profundizar la crisis económica”. Los sectores leales al expresidente la rechazaron y reiteraron que la renuncia de Paz es su “única salida”.
Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, participó el 2 de junio en un cabildo convocado por la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz y reiteró la posición de los sectores movilizados: dejar de lado los reclamos sectoriales para concentrarse en exigir la dimisión de Paz. Un día antes, el mandatario había pedido “generar un momento de tregua” para “pacificar” al país, sin precisar en qué consistiría la solución.
El analista Marcelo Silva señaló a EFE que el principal error del Gobierno fue su “inacción” al permitir que el conflicto se agravara, y que el presidente podría verse obligado en el corto plazo a evaluar su renuncia. “El conflicto ya tiene un costo político para Paz, porque ahora el Gobierno es parte del problema”, afirmó Silva.
El senador Leonardo Roca de la alianza Libre, partido del expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, acusó a Paz de haber propiciado la crisis mediante un “pacto oscuro” con movimientos sociales afines a Morales para llegar al poder. “Lo que tiene a todos los bolivianos rehenes hoy no es un conflicto social espontáneo. Es la factura de un pacto oscuro que Rodrigo Paz firmó para llegar al poder”, declaró Roca al canal Unitel.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en el que advirtió que la crisis plantea “serias afectaciones a los derechos humanos” y un “alto impacto humanitario”, e instó “al Estado y a todos los sectores sociales involucrados a priorizar el diálogo”./Infobae
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