El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó hoy que, a través de convenios interinstitucionales, se logró gestionar ambientes en el edificio central de la Aduana Nacional, para el funcionamiento de la Fiscalía Especializada de Delitos Tributarios y Aduaneros y se concreta la compra del inmueble con el Banco Central de Bolivia en la zona Sur, calle 11 de Calacoto, donde funcionan actualmente las Fiscalías Especializadas de Delitos Patrimoniales, Delitos Contra la Integridad Personal, Delitos en Razón de Género y Violencia Sexual, además de las oficinas de Régimen Disciplinario y una plataforma de atención al público, con el objetivo de proporcionar condiciones adecuadas para la atención a la sociedad, especialmente a las víctimas.
“Ahora vamos a tener estos ambientes adecuados donde los Fiscales podrán tener todas las condiciones para prestar un servicio rápido y oportuno a las víctimas, especialmente de violencia en los ambientes que ya son propios en la zona sur de la ciudad de La Paz y en el caso de los ambientes de la Aduana Nacional, agilizar los procesos aduaneros y acompañar a esa institución en la lucha contra el contrabando de manera que estos delitos se reduzcan”, dijo la autoridad.
En el caso de los ambientes otorgados en comodato por la Aduana Nacional al Ministerio Público, funcionarán dos despachos fiscales, uno nuevo que se está implementando para aduanas, donde atenderán dos fiscales en delitos aduaneros y otro ambiente para el trabajo de asistentes y atención al público; el ingreso a las instalaciones son independientes por la avenida Ecuador para comodidad del público litigante para lo cual la Aduana Nacional dotó de mobiliario y equipos de computación.
El inmueble de la Fiscalía de la Zona Sur se encuentra en la calle 11 de Calacoto donde funcionan las Fiscalías Especializadas de Delitos Patrimoniales, Delitos Contra la Integridad Personal, Delitos en Razón de Género y Violencia Sexual, además de las oficinas de Régimen Disciplinario, asimismo, cuenta con una plataforma de atención y servicios comunes. El inmueble fue facilitado en contrato de comodato a través de un convenio en la gestión 2022, entre la Fiscalía General del Estado y el Banco Central de Bolivia, posteriormente, se adquirió en compra y se pagó más del 50 por ciento de la casa y este viernes se entregó los documentos de propiedad al Ministerio Público.
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