El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, junto a los nueve Fiscales Departamentales del país, participaron de manera activa en el Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial, espacio convocado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se desarrolló en la ciudad de Sucre, Chuquisaca con la participación del Presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, quien durante su discurso reconoció el trabajo y cambio que realiza el Ministerio Público.
«Este evento es muy importante en el que hablamos de poder reformar la justicia dentro del parámetro de cada institución, en este caso como Ministerio Público, la Ley 260 y la Constitución Política del Estado estamos en pro de que las cosas sigan mejorando, en ese entendido he convocado a todos los Fiscales Departamentales del país como también a la comisión de la Fiscalía General para apoyar a la reforma de la justicia. Queremos que los resultados sean positivos porque estamos iniciando un proceso en el cual la ciudadanía exige», sostuvo Mariaca.
Asimismo, un equipo de la Fiscalía General del Estado se integró a las mesas de trabajo, aportando propuestas técnicas orientadas a fortalecer la investigación penal y mejorar la atención a la ciudadanía. Estas abordaron aspectos clave como la modernización institucional, la optimización de procedimientos, la transparencia y el fortalecimiento de la independencia judicial.
El encuentro, fue inaugurado por el Presidente del Estado, Rodrigo Paz, convirtiendo a Sucre en el epicentro nacional del debate sobre la transformación del sistema judicial. La presencia del Fiscal General y los Fiscales Departamentales reafirmó el compromiso institucional de contribuir, desde la experiencia operativa, a un proceso de reforma integral y sostenible.
La participación del Ministerio Público en este Diálogo Interinstitucional consolida su rol en la construcción de consensos y soluciones efectivas para renovar la confianza ciudadana en la justicia boliviana.
De este evento participaron órganos del Estado, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional y actores del sistema de justicia, autoridades indígena originarias, entre otros.
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