
En un encuentro calificado como un hito para la descentralización del país, representantes de siete gobiernos autónomos departamentales consolidaron una postura unificada de cinco puntos clave para encarar la crisis económica regional. La reunión, que contó con la presencia de seis gobernadores y la delegada oficial de Pando, sirvió para coordinar las demandas técnicas y normativas que se presentarán formalmente al Órgano Ejecutivo el próximo 5 de agosto en la ciudad de Sucre, buscando revertir el ahogo financiero que sufren las regiones.

El gobernador de La Paz, Luis Revilla, detalló que la prioridad absoluta de este bloque autonómico radica en frenar de manera inmediata la sustracción de los ingresos departamentales regulada por normativas nacionales vigentes. Al respecto enfatizó: «Nuestro planteamiento es que se pueda llevar adelante la abrogación y derogación de las leyes y decretos que confiscan los recursos de las regiones y de las gobernaciones ilegalmente, y que tienen su origen no en este gobierno sino incluso en leyes que provienen desde el año 2006″.

La propuesta central gira en torno a una reestructuración tributaria gradual que garantice el equilibrio fiscal y el desarrollo equitativo de los departamentos, municipios y casas de estudios superiores. Desde la perspectiva de las regiones, la coparticipación del 50-50 debe materializarse aplicando un impuesto por año de forma progresiva. Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, respaldó firmemente este planteamiento, señalando que representa una oportunidad histórica para consolidar la soberanía financiera local y que esperan debatir esta hoja de ruta técnica directamente con las autoridades nacionales.

Por su parte, el gobernador de Oruro, Edgar Sánchez, centró su intervención en la urgencia de desmantelar el aparato burocrático centralista que frena el control territorial de los recursos estratégicos de la nación. Durante su alocución, la autoridad orureña identificó firmemente los problemas estructurales del país al asegurar que: «Hemos convenido en que el centralismo ha sido la causa de las desigualdades en las regiones y sigue siendo una causa fundamental de la pobreza y de la desunión que tiene Bolivia». Bajo esta premisa, el bloque exige el traspaso de entidades fiscalizadoras clave como el SENARECOM y SERGEOMIN, ítems de salud y empresas estatales a las administraciones locales.

A su turno, la Gobernación de Tarija puntualizó que los veinte años transcurridos desde el inicio del proceso autonómico en 2006 exigen profundizar urgentemente la autonomía fiscal. La representación tarijeña enfatizó la necesidad explícita de derogar el artículo 47 de la Ley 2042 de Administración Presupuestaria para evitar que los recursos departamentales sigan cubriendo obligaciones que competen de forma estricta al nivel central. El bloque coincidió en que los gobiernos departamentales son las instituciones idóneas para gestionar y fiscalizar sus propios territorios con eficiencia.

Para finalizar, los representantes de las gobernaciones anunciaron la creación de una asociación departamental para fortalecer la gestión pública y acordaron presentar al Ejecutivo, el 5 de agosto en Sucre, una postura unificada exigiendo la reforma fiscal 50-50 y la derogación de normas que confiscan recursos regionales. El bloque, que busca revertir el ahogo financiero, enfatizó que la cita debe concretar acuerdos definitivos sobre la coparticipación tras años de centralismo. Se puede leer más sobre el encuentro de gobernaciones en Bolivia en los medios locales.












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