La columna de marchistas convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) cumple este domingo su segundo día de movilización rumbo a la ciudad de La Paz, con una caminata que concluirá en la zona de Senkata, en El Alto, donde las organizaciones prevén reponer fuerzas y organizar un ingreso masivo a la Sede de Gobierno este lunes.
El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Andrés Paye, ratificó el rechazo y la exigencia de abrogación del Decreto Supremo 5503, al que calificó como una norma que “entrega los recursos naturales y reduce los derechos laborales”.
La movilización, denominada “Bolivia no se vende”, fue reforzada con la participación de federaciones campesinas de Cochabamba, organizaciones de mujeres Bartolina Sisa y otros sectores sociales afines al evismo.
Paye señaló que con esta marcha se inicia la tercera semana de protestas y el segundo día consecutivo de movilización en las calles. “El día de mañana estamos arribando justamente a la Sede de Gobierno para hacer escuchar nuestra demanda de abrogación de este decreto 5503”, declaró a los medios de comunicación.
El dirigente minero remarcó que la medida de presión no tiene un carácter político-partidario y cuestionó los intentos de “desvirtuar” la protesta atribuyéndole un tinte partidario. Afirmó que la movilización responde a la defensa de los recursos naturales y los derechos de los trabajadores.
Asimismo, explicó que en Senkata se prevé la redacción y firma de un acta de compromiso y lealtad entre organizaciones afiliadas y no afiliadas a la COB, con el objetivo de mantenerse firmes en la protesta “hasta lograr la abrogación” del decreto cuestionado.
Para este lunes, anunció a Erbol la realización de un cabildo con la participación masiva de las organizaciones sociales, bajo la dirección de la COB, y posteriormente asistir a la reunión convocada por el Gobierno, a la espera de que esta sea “clara y sincera”.
Paye criticó la gestión del presidente Rodrigo Paz, al considerar que gobernar mediante decretos supremos responde a una lógica “propia de un régimen dictatorial y no de un país democrático”.
En ese marco, sostuvo que cualquier ajuste económico debe adecuarse a la realidad del pueblo boliviano y reiteró la necesidad de impulsar un modelo de industrialización que permita al país dejar su condición extractivista, aprovechando recursos como el litio, las tierras raras, los minerales y el potencial agrícola en todas las regiones del país.
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