* La norma libera a las gobernaciones de dos obligaciones que durante años fueron financiadas con recursos departamentales y abre un nuevo capítulo en la agenda de fortalecimiento de las autonomías.
En la víspera del aniversario de Santa Cruz, la Cámara de Senadores trasladó su sesión ordinaria a la capital cruceña y, durante su 180ª Sesión Ordinaria, sancionó el Proyecto de Ley N.º 436/2025-2026, que establece que el nivel central del Estado asuma el financiamiento de obligaciones vinculadas al régimen penitenciario y al bono de vacunación, que hasta ahora recaían sobre los gobiernos autónomos departamentales.
La norma fue remitida al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.
La disposición establece que el Ministerio de Gobierno asumirá el financiamiento del costo del prediario y los gastos de funcionamiento del régimen penitenciario a nivel nacional, mientras que el Ministerio de Salud y Deportes financiará el bono de vacunación. Las obligaciones generadas antes de la gestión 2026 mantienen el tratamiento establecido por la normativa vigente al momento de su generación.
Para el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, se trata de una de las decisiones centrales de la jornada por su impacto sobre las finanzas departamentales y por el camino que abre hacia una mayor autonomía con recursos.
“Hoy hemos tenido una sesión importante. Una de las leyes más importantes que se ha aprobado es la que devuelve el pago de los prediarios al nivel central. Esto, como ustedes saben, fue una norma que en el pasado transfirió esa obligación a las gobernaciones; eso implicaba recursos importantes que debían ser erogados por las gobernaciones, siendo que esto era una competencia nacional”, afirmó Ávila.
El titular del Senado vinculó la sanción de la norma con el debate sobre el modelo autonómico y la redistribución de responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno. “Para nosotros esa es una ley muy importante porque inicia un camino para ahondar la autonomía, para ahondar la autonomía con recursos y para avanzar en el 50-50”, sostuvo, al señalar que este proceso requerirá modificar un conjunto de normas y avanzar hacia una reforma integral del Estado que permita fortalecer las autonomías.
Ávila explicó además que, de acuerdo con las estimaciones expuestas durante la jornada, Santa Cruz podría recuperar cerca de Bs 200 millones que dejarían de destinarse a estas obligaciones, recursos que podrían ser orientados a inversión social y pública.
“Para cada una de las distintas gobernaciones del país son recursos que se liberan para que puedan gastar en temas que tienen que ver con inversión social, inversión pública en los departamentos”, señaló.
La sesión también dio curso a otras iniciativas vinculadas directamente con Santa Cruz. Dos proyectos fueron derivados a las comisiones correspondientes para su análisis técnico: uno plantea declarar prioridad nacional el estudio de diseño técnico para un sistema de electromovilidad urbana aérea por cable en Santa Cruz de la Sierra y su área metropolitana; el otro propone declarar prioridad nacional la construcción del tramo carretero doble vía Cotoca–Pailón–Paraíso. Ambos deberán cumplir el procedimiento legislativo antes de retornar al Pleno para su tratamiento.
La jornada contó con la presencia del gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco; la vicegobernadora, Paola Aguirre; la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, María René Álvarez; el presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, Fernando Pareja, además de asambleístas departamentales y otras autoridades e invitados especiales, entre ellos el ex prefecto Rubén Costas y representantes del sector empresarial cruceño.
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