El viceministro de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, Yamil García Delfín, informó que se abrirá una investigación sobre las actuaciones de la jueza Ana Gloria Rojas —quien en 2022 liberó al hermano del narcotraficante Sebastián Marset—, tras la suspensión de una audiencia de medidas cautelares en el caso de Jhonny Fernández y un posible daño económico que supera los Bs 190 millones.
“En primer lugar, la cuantía del posible daño económico, que en este caso estaría por resolverse, supera los 190 millones de bolivianos, es decir, que estamos ante un hecho que registraría, de acuerdo a nuestra normativa, grave daño económico”, detalló García.
La autoridad indicó que existen cuestionamientos sobre los mecanismos de la suspensión de la audiencia del exalcalde cruceño. Por ello, anunció que se investigarán las actuaciones de la autoridad involucrada, en el marco de lo establecido por el Decreto Supremo 5749 de lucha contra la corrupción.
En 2023, la jueza Rojas defendió su resolución de agosto de 2022, cuando favoreció al hermano del uruguayo Sebastián Marset (Diego Marset) con su liberación, debido a que fue por la solicitud de la Fiscalía en la imputación por la tramitación de una identidad falsa.
Sobre el caso del exburgomaestre de la capital oriental, García explicó que, de acuerdo con los registros disponibles, la autoridad tuvo tres procesos en trámite con supuestas faltas graves, sin que ninguno hubiera concluido, en 2025.
“Vamos a hacer una verificación de cuáles son las circunstancias que han motivado el inicio y el desarrollo de esta vía disciplinaria interna que no habría concluido a la fecha”, afirmó el viceministro.
La investigación buscará esclarecer tanto las circunstancias que rodearon la suspensión de la audiencia de medidas cautelares como el estado de los procesos disciplinarios registrados contra la autoridad.
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