El Procurador General del Estado, Ricardo Condori Tola (foto), saludó el pronunciamiento oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DDHH) respecto a las decisiones judiciales adoptadas en los casos de las masacres Senkata y Sacaba, expresando su preocupación ante las recientes decisiones de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y del Tribunal Primero de Sentencia de Sacaba, que declararon la nulidad de los procesos contra policías y militares sindicados por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en 2019.
“Ambas instituciones internacionales ven con mucha preocupación que el Estado boliviano no dé cumplimiento a sus recomendaciones emitidas a través del informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia), cuyas investigaciones concluyeron que es fundamental que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la justicia de manera oportuna, justa y eficaz», sostuvo la autoridad.
En ese marco, el Procurador subrayó que “el pronunciamiento de la CIDH y ONU Derechos Humanos considera que esta anulación podría representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y un serio obstáculo al deber estatal de implementar las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos”.
De las recomendaciones emitidas por el GIEI, la autoridad remarcó la recomendación que hace referencia acerca de “la voluntad del Estado boliviano de combatir la impunidad y garantizar las condiciones adecuadas para que el sistema de administración de justicia pueda realizar sus labores en conformidad con los estándares de independencia, credibilidad, transparencia y objetividad”.
El Procurador reafirmó el compromiso de la Procuraduría de seguir coadyuvando en las acciones legales que correspondan, en el marco de la Constitución Política del Estado y los tratados suscritos por Bolivia, a fin de garantizar la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas, en concordancia con las recomendaciones de la CIDH y ONU Derechos Humanos.
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